La encomienda constituía el vínculo jurídico impuesto al indio y que la Corona concedía a los particulares españoles en compensación por determinados servicios (Zorraquín Becú). El encomendero en realidad no ejercía funciones públicas sobre sus encomendados, ya que éstos se incluían en la órbita de la jurisdicción de la Corona, y permanecían bajo la autoridad del corregidor, alcaldes mayores y gobernadores de provincia (S. Zavala).
El titular de la encomienda obtenía como beneficio el tributo, pagado generalmente en especies, o bien en servicios que el vasallo indígena debía al rey; a su vez el encomendero estaba obligado -al menos teóricamente- a velar por los indígenas, darles instrucción, protegerlos y además debía afrontar diversas cargas de tipo militar (defensa de la zona), civil, religioso y económico.
(Fuente: ASSADOURIAN, BEATO y CHIARAMONTE, Historia Argentina 2 - De la conquista a la independencia, Ed. Paidós, 2º Ed., Buenos Aires, 2005, p. 228)
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