En el espíritu de la ley penal debe considerarse funcionario público a aquella persona que de algún modo participa ya sea con competencia originaria o por delegación, compartida o exclusivamente, del ejercicio de la función pública, sin importar la determinada calidad jurídica de la cual se encuentra investida.
De hecho se atribuye en la ley penal el status de funcionario público precisamente a aquel que por su cargo no lo tiene -mero empleado-, cuando participa del ejercicio de aquellas funciones.
(Fuente: CNFed. Crim. y Correc., Sala II, agosto 30/988, LL, 1898-B, 138, fallo nº 87.283 en TERRAGNI, Marco Antonio; Delitos propios de los funcionarios públicos, Ediciones Jurídicas Cuya, 1º reimpresión, Mendoza, República Argentina, 2005, p. 44).
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