Participaciones societarias recíprocas

Existen participaciones recíprocas entre dos sociedades cuando una de ellas posee acciones, cuotas o partes sociales de la otra, y esta última, a su vez, posee acciones, cuotas o partes sociales de la primera. Para apreciar el fenómeno en toda su crudeza, imagínese que las sociedades A y B poseen un capital de 100, que la totalidad de las acciones de B sean de propiedad de A, y que, al mismo tiempo, la totalidad de las acciones de A sean propiedad de B. En estas condiciones, se habrá generado la apariencia de un patrimonio de 200, 100 en cada una de las sociedades A y B. En realidad, el patrimonio es cero, porque los cien no se hallan ni en A ni en B. El efecto es la apariencia de un patrimonio, inexistencia del mismo. Cuando los acreedores de A y de B quieran ejecutar sus créditos se encontrarán con que el patrimonio de cada una de esas sociedades está constituido por la participación en la otra sociedad, y así en un círculo sin fin en el cual lo único que se encuentra es el total vació patrimonial de ambas.

(Fuente: GARRONE, José A., Diccionario Jurídico, Tomo III, Ed. LexisNexis, 1º Ed., Buenos Aires, 2005, p. 642).

Principio real o de defensa

Este principio afirma la aplicación de la ley del Estado a hechos cometidos fuera del territorio nacional pero que se dirigen a bienes jurídicos que se encuentran en él. Básicamente se considera que este principio se refiere a la protección de bienes jurídicos del propio Estado y que afectan a su integridad como tal (delitos de alteración del orden público, traición a la patria, moneda y de documentos nacionales, etcétera). Si, por el contrario, el hecho cometido en el extranjero, es decir, fuera del territorio del Estado, se dirige contra bienes jurídicos individuales que merecen la protección del derecho penal nacional, la extensión de su aplicación se justifica sobre la base del principio de la nacionalidad (principio pasivo de la nacionalidad).

(Fuente: BACIGALUPO, Enrique, Derecho Penal. Parte General, Ed. Hammurabi, 2ª edición totalmente renovada y ampliada, 1ª reimpresión, Buenos Aires, 2007, p. 181).

"Per Saltum"

1. La avocación per saltum designa la posibilidad de un tribunal superior, en nuestro caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de intervenir, de oficio o a pedido de parte, en el conocimiento de causas judiciales salteándose las etapas normales de intervención de los tribunales de primera o segunda instancia.

Si esta intervención es requerida mediante la interposición de un recurso, se está frente a una "apelación per saltum".

En el caso que se comenta, y que alteró una larga y pacífica jurisprudencia de la propia Corte, el alto tribunal intervino en una causa que tramitaba en un juzgado de primera instancia aun antes de que éste dictara sentencia y posteriormente "salteó" la necesaria intervención de la Cámara Federal.

El fundamento del alto tribunal para su primera decisión fue la existencia de "...cuestiones federales que exhiban inequívocas y extraordinarias circunstancias de gravedad...", agregando en su sentencia que con el caso planteado se produjo "...una inmotivada interferencia en la marcha de los negocios públicos de evidente importancia y repercusión político-económica que, de conformidad con los numerosos precedentes jurisprudenciales, configura un caso de gravedad institucional...".

(...)

4. Los antecedentes. El "writ of certiorari" y el caso "Margarita Belén". En el derecho norteamericano existe el recurso llamado writ of certiorari por el cual se puede requerir la intervención de la Corte Suprema antes de la decisión de la respectiva cámara de apelaciones.

Si bien nuestro alto tribunal invocó profusamente esta institución norteamericana para fundamentar su intervención en el caso "Aerolíneas", lo cierto es que hay por lo menos dos grandes diferencias entre el certiorari en los Estados Unidos y el per saltum establecido por la Corte.

En primer lugar, el writ of certiorari está contemplado en el Código Judicial de los Estados Unidos y en las Reglas Generales dictadas por la Corte, por lo cual no ha nacido por vía de una pura creación pretoriana contraria a la letra de la Constitución, a la ley y a la larga y pacífica jurisprudencia del propio tribunal.

En segundo lugar, el certiorari requiere que exista una decisión de primera instancia apelada ante la propia Cámara de apelaciones. Hemos visto que nuestra Corte intervino antes de existir sentencia de primera instancia y aceptó que la apelación se interpusiera ante sí misma. El "salto" producido en nuestro caso es significativamente mayor.

Es de señalar que la propia Corte había desestimado en 1988 la posibilidad de avocarse -per saltum- al conocimiento de causas "sin la previa intervención del tribunal competente para ello".

(...)

(Fuente: GARRONE, José A., Diccionario Jurídico, Tomo I, Ed. LexisNexis, 1º Ed., Buenos Aires, 2005, p. 688).

Mera facultad

A la mera facultad se la distingue, en la doctrina clásica civilista, del derecho adquirido.

La mera facultad constituye el antecedente necesario del derecho adquirido.

Como dice Baudry Lacantinerie, es una aptitud legal del sujeto, es decir, una posibilidad que abre la ley a favor de alguien, pero que hasta el ejercicio de esa potencia no es sino una eventualidad que no obsta al cumplimiento de la ley que modifique o aniquile esa perspectiva.

(Fuente: GARRONE, José A., Diccionario Jurídico, Tomo III, Ed. LexisNexis, 1º Ed., Buenos Aires, 2005, p. 322).

Alevosía

El Código de 1870 en su art. 10.2ª introdujo una definición según la cual "hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para su persona, que procediera de la defensa que pudiera hacer el ofendido". Esta definición se mantiene en las sucesivas redacciones del Código y ha llegado hasta el vigente art. 22.1ª prácticamente sin modificaciones.

Sobre la base de esta definición la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha entendido que es posible admitir la alevosía en los siguientes casos:

a) Supuestos en los que el auto obra a traición, o sea aprovechando la confianza que la víctima le tiene (proditorio).

b) Supuestos en los que el ataque que produce el resultado se realiza en forma súbita e inapropiada.

c) Supuestos en los que el autor aprovecha una situación de especial desvalimiento de la víctima (ancianos débiles, niños, personas impedidas o dormidas, etcétera). Sin embargo, la jurisprudencia ha considerado en ciertos casos (STS 756/93, del 2/4/93) que la alevosía no debe ser apreciada en el caso de los recién nacidos que son víctimas de homicidio, por entender que en tales casos la imposibilidad de defensa es inherente al niño y no se da el aprovechamiento propio de la agravante.

d) Supuestos en los que el ataque se produce "por la espalda".

(Fuente: BACIGALUPO, Enrique, Derecho Penal. Parte General, Ed. Hammurabi, 2ª ed. totalmente renovada y ampliada, 1ª reimpresión, Buenos Aires, 2007, p. 612).

"In itinere"

Literalmente: "en el camino". Esta expresión tiene especial uso en derecho laboral para señalar los accidentes que se produjeren en el recorrido habitual, antes o después de cumplida la jornada laboral, para llegar al lugar de trabajo o al regresar del mismo.

(Fuente: GARRONE, José A., Diccionario Jurídico, Tomo II, Ed. LexisNexis, 1º Ed., Buenos Aires, 2005, p. 902).

Formularios "Rider" y "addendum"

El contrato de fletamento se utiliza fundamentalmente para el tráfico de commodities sobre la base de los formularios tradicionales, según el tipo de carga a transportar, granos, mineral de hierro, carbón, aluminio. fosfatos o cargas líquidas.

A las cláusulas de los formularios internacionales se agregan los rider y addendum que son complementos de las condiciones clásicas.

(Fuente: GARRONE, José A., Diccionario Jurídico, Tomo II, Ed. LexisNexis, 1º Ed., Buenos Aires, 2005, p. 671).