“Management Agreements”

También llamados contratos de operación, son convenios entre dos empresas por los cuales una de ellas asume la gerencia de los negocios de la otra, o simplemente la obligación de hacerse cargo de un sector de su actividad, v. gr., de una planta industrial, o de la comercialización de sus productos.

Son muy frecuentes en Estados Unidos de América y también se aplican en otros países. No deben confundirse con los contratos que permiten a una sociedad asumir la dirección de la otra -como los previstos en la ley alemana- porque la fijación de las políticas generales permanece en cabeza de la propia sociedad. Es la instrumentación y el ejercicio de los negocios sociales lo que es transferido a la sociedad gerente o gestora.

Generalmente responden al dominio de especiales conocimientos técnicos en la materia que constituye el objeto del negocio. En la Argentina se han conocido contratos de este tipo respecto a la administración de empresas de seguros y ciertas entidades financieras con objetos específicos. También se los utiliza en los períodos de iniciación o de puesta en marcha de empresas, hasta que su propio personal de dirección está en condiciones de desenvolverse con la adecuada pericia.

(Fuente: GARRONE, José A., Diccionario Jurídico, Tomo III, Ed. LexisNexis, 1º Ed., Buenos Aires, 2005, p. 230).

"Nam qui tacet..."

Enseñaba el Digesto que "Quien calla, no confiesa con su silencio" ("Nam qui tacet non utique fatetur"). Sin embargo, en derecho civil y mercantil, cuando quien debe explicarse o justificarse, guarda silencio, pueden los jueces, atentas las circunstancias de autos, interpretar ese silencio injustificado como tácita confesión. 

(Fuente: ORGAZ, Arturo, Diccionario de Derecho y Ciencias Sociales, Ed. Assandri, Córdoba, 1961, p. 252).

Obediencia debida

La que se presta a un superior jerárquico y que descarga en él la responsabilidad de hechos que no sean delictivos evidentemente. Constituye una causa de inimputabilidad, por cuanto legalmente se estima que no es punible quien obra en virtud de ella. Sin embargo, la aplicación de esta norma no deja de ofrecer dificultades, pues, si para la inimputabilidad se requiere que la obediencia sea debida,  quiere decirse que no siempre el haber actuado el agente cumpliendo la orden que le fue dada por quien se atribuía facultades para hacerlo puede eximir de responsabilidad penal. Sólo han de ser obedecidas las órdenes lícitas y deben ser desobedecidas las ilícitas. Mas esto coloca al subordinado en la necesidad de valorar la orden recibida antes de ejecutarla, a efectos de darle cumplimiento o no.

La inimputabilidad mencionada, como dijo Carrara, no puede constituir "una patente de impunidad para todos los sometidos". Suele estimarse en doctrina que, para que funcione esta eximente, el juez tendrá que apreciar si el subordinado ejecutor de la orden tuvo posibilidad de conocer su ilicitud, considerando su posición, educación, índole de sus funciones, medio social en que se desenvuelve, etc.

A partir de la terminación de la segunda guerra mundial, muchos funcionarios civiles y militares alemanes trataron de justificar sus actos genocidas alegando haber procedido en cumplimiento de órdenes recibidas de sus superiores; es decir, por obediencia debida. No obstante los tribunales han solido rechazar esa defensa.

(Fuente: OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Ed. Heliasta, 27º Ed., Buenos Aires, 2000, p. 657).

Reciprocidad

Trato ajustado a igualdad.

Coincidencias o discrepancias paralelas en las manifestaciones verbales o en el proceder.

En el Derecho Internacional, por inexistencia de preceptos coactivos eficaces, sumisión al mismo trato que un Estado o sus nacionales reciben de otro.

(Fuente: OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Ed. Heliasta, 27º Ed., Buenos Aires, 2000, p. 838).

Qué significa la fórmula "salvo error u omisión"?

En esta forma completa o en la abreviatura de s.e.u.o., la locución constituye una reserva más o menos formulista en las cuentas o liquidaciones, intrascendente en verdad. De todas formas, parece revelar revisión en cuanto a la exactitud. De advertirse algún error u omisión, debe efectuarse la correspondiente salvedad, que no impide el agregado posterior de esta fórmula.

(Fuente: OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Ed. Heliasta, 27º Ed., Buenos Aires, 2000, p. 898).

Principio de la nacionalidad o de la personalidad

Es el principio que justifica la aplicación de la ley penal a hechos cometidos fuera del territorio del Estado en función de la nacionalidad del autor (principio de la nacionalidad activo) o del titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por el delito (principio de la nacionalidad pasivo). La idea fundamental del principio en su aspecto activo es la obediencia exigida al súbdito de un Estado respecto de la legislación de éste, cualquiera sea el lugar en que se encuentre. Por lo general, el principio de la nacionalidad o personalidad tiene en la actualidad una vigencia muy reducida.

(Fuente: BACIGALUPO, Enrique, Derecho Penal. Parte General, Ed. Hammurabi, 2ª edición totalmente renovada y ampliada, 1ª reimpresión, Buenos Aires, 2007, p. 182).

Principio del derecho penal por representación

Se trata de un principio que tiene carácter subsidiario: interviene cuando, cualquiera que sea la razón, no tiene lugar la extradición, y autoriza que el Estado que tiene al autor en su poder lo juzgue aplicándole su ley penal. En este sentido es frecuente la aplicación del principio del derecho penal por representación cuando un Estado deniega la extradición de un nacional reclamado por otro Estado competente en razón del principio territorial.

(Fuente: BACIGALUPO, Enrique, Derecho Penal. Parte General, Ed. Hammurabi, 2ª edición totalmente renovada y ampliada, 1ª reimpresión, Buenos Aires, 2007, p. 184).